En las últimas décadas se ha conformado un gran marco normativo de obligado cumplimiento en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y más concretamente, la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales, y por ende a las entidades privadas que participan de las mismas.
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