En las últimas décadas se ha conformado un gran marco normativo de obligado cumplimiento en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y más concretamente, la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales, y por ende a las entidades privadas que participan de las mismas.